Entre el 2014 y 2015 se realizaron en el Perú diversas reuniones entre actores públicos y privados para construir el concepto del sistema de transferencia del riesgo. Conjuntamente se identificaron los temas y aspectos clave que deben desarrollarse para su funcionamiento. Como el concepto de seguro agrario era nuevo entre las instituciones públicas y privadas, lograr la aprobación fue difícil. No existía una práctica positiva del diálogo entre actores públicos y privados.
En abril del año 2015 se tuvo la visita de la empresa Agroseguro de España, el brazo privado del Sistema Español de Seguros Agrarios de España. Se recomendó que los espacios de discusión promovidos por el proyecto Clima, Agro y Transferencia del Riesgo (CAT) tengan continuidad y una frecuencia preestablecida. A raíz de esto, desde junio de 2015 se organizan bimensualmente los llamados Diálogos Público-Privados (DPP) sobre seguros agrarios. El DPP es un espacio convocado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), donde participan representantes del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio del Ambiente (MINAM), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Agrobanco, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), la Federación de Cajas Municipales (FPCMAC), la Asociación de Instituciones Microfinancieras (ASOMIF) y empresas privadas de seguros.
Durante la década de los noventa, el sector privado lideró tres iniciativas para desarrollar un seguro agrario, pero todas fracasaron.
Durante la siguiente década, el Estado Peruano asumió el rol promotor del mercado de seguros agrarios.
En junio de 2003, se creó la Comisión Nacional de Desarrollo de Seguro Agropecuario , para que evalúe el potencial de implementar una política de seguro agrario. Esta comisión recomendó la creación de una instancia dentro del sector público agrario, encargada del diseño, la administración y supervisión de un programa de seguro agrario.
En septiembre de 2004, se creó el Comité Técnico de Desarrollo del Seguro Agrario que debía desarrollar los estudios necesarios y crear la normativa para implementar la política del seguro agrario en el Perú. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura recibió apoyo técnico de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios de España (ENESA) para el desarrollo de encuestas, documentos técnicos y talleres de discusión. Los resultados del trabajo conjunto se plasmaron en el documento técnico “Programa de Manejo del Riesgo Agropecuario en el Perú” (Mayo, 2004).
En agosto de 2006, se creó la Unidad de Desarrollo del Seguro Agrario (UDESA) en el Ministerio de Agricultura , con la finalidad de poner en marcha esquemas de seguros sobre la base de lo ya avanzado. Pero esta unidad no obtuvo el apoyo político necesario para desarrollar un seguro agrario en el Perú.
Este espacio de diálogo fortalece la coordinación entre los actores clave del sector público y privado. Representan un espacio de trabajo permanente, en el que se fijan metas de manera consensuada. A los acuerdos tomados se les realiza un seguimiento y se le da continuidad al trabajo realizado. Conjuntamente se desarrollan actividades y procesos a fin de construir un sistema de transferencia del riesgo y esquemas de aseguramiento para el sector agrario.
En enero del 2008, el Ministerio de Agricultura contrató a la empresa mexicana LatinRisk, con el objetivo de desarrollar un estudio para el diseño e implementación del seguro agropecuario en el Perú. El estudio sentó las bases para el desarrollo del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), pero no tomó en consideración los avances ya obtenidos en materia de desarrollo del seguro agrícola comercial tradicional.
En el marco de la reestructuración del Ministerio de Agricultura, se promulga a mitad del 2008 la Ley de organización y funciones que da origen a la Dirección de Capitalización y Seguro Agropecuario (DCSA) , reemplazando a la UDESA. Concluyendo se puede decir, que el SAC cuenta con un buen fundamento legal y además con un área técnica para su gestión. Desde el año 2008 entonces, el SAC fue administrado por la DCSA, hasta que esta Dirección de Línea fue desactivada en 2014.
El reto es lograr establecer un sistema de cooperación permanente que se fundamenta en el compromiso de los diferentes actores públicos y privados con el desarrollo público y privado del mercado de seguros agrarios. Se espera que la plataforma de Dialogo Público-Privado (DPP) permita definir objetivos y encontrar soluciones sostenibles para el sistema de transferencia del riesgo en el sector agricultura. Además, es el espacio para realizar el seguimiento al cumplimiento de las políticas nacionales y acuerdos globales relacionados a los seguros agrarios.
El reto es que exista una unidad de gestión pública competente para el seguro agrario, respaldada por una política nacional agraria, a fin de lograr la viabilidad de un sistema de transferencia del riesgo agropecuario.
En este espacio de diálogo y coordinación se impulsan diversas actividades que promueven la gestión integral del riesgo a través de los seguros agrarios. Al mismo tiempo, sirve como plataforma para reportar los avances respecto a los seguros agrarios -tanto cualitativos como cuantitativos- relacionados a los acuerdos globales suscritos por el Perú (los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas), así como a las políticas (Política Nacional Agraria) y estrategias (Estrategia Nacional de Inclusión Financiera) nacionales.
Todo lo avanzando en los últimos 25 años, para construir un marco institucional y una política del seguro agrario, no se terminó de consolidar. Desde el 2014, el Ministerio del Ambiente de Alemania (BMU) a través de la Iniciativa Internacional del Clima (IKI) y ejecutado por la Cooperación Alemana al Desarrollo – GIZ, apoya al MINAGRI en la creación de las condiciones institucionales para el funcionamiento de un sistema de transferencia del riesgo.
Primero, se apoyó a través del Proyecto “Seguros para la Adaptación al Cambio Climático” (ACC), la creación de seguros innovadores como el seguro indexado para el fenómeno de El Niño en el 2010. Uno de los aprendizajes más valiosos de este proyecto consta en la necesidad de fortalecer la institucionalidad pública para el desarrollo de los seguros agrarios, en paralelo a los esfuerzos del sector privado. El Proyecto “Clima Agro y Transferencia del Riesgo” (CAT) busca consolidar la institucionalidad a través de una unidad de gestión pública.
Entre el 2014 y el 2017 no existía una unidad de línea que gestionara el desarrollo de seguros agrarios en el Perú. En marzo de 2017, se crea la Dirección de Financiamiento y Seguro Agrario dentro de la Dirección General de Agricultura. Esta nueva dirección está a cargo de formular normativas y proponer productos o servicios financieros y de seguros agrarios; asimismo administra los recursos del Estado para financiar los seguros agropecuarios y promover la difusión de los productos y servicios en coordinación con gobiernos regionales y locales.
La disposición de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de brindar el espacio para las reuniones y convocar formalmente a todos los actores públicos y privados desde el primer encuentro hasta la fecha, es muy valorada por los demás integrantes. El liderazgo de la SBS convierte este espacio en un importante encuentro generando compromiso con el tema, lo cual contribuye a la sostenibilidad de este sistema de cooperación público-privada.
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) como el encargado de brindar el marco político-normativo en su temática y también respecto al seguro agrario, lideró la creación de la Dirección de Financiamiento y Seguro Agrario (DIFESA). Fue el Viceministerio de Políticas Agrarias el que impulsó fuertemente el funcionamiento de la DIFESA.
El primer punto de giro fue el décimo tercer DPP que tuvo lugar el 15 de junio del 2017. Después de dos años que la SBS convocaba al DPP, la Dirección de Financiamiento y Seguros Agrarios (DIFESA) del MINAGRI se comprometió a firmar un convenio con la SBS para co-organizar este importante espacio de diálogo a futuro.
El decimoctavo DPP del 4 de mayo del 2018 marcó el segundo punto de giro. En esta reunión los funcionarios del MINAGRI usaron las herramientas aprendidas en el curso “Formación de Facilitadores del Seguro Agrario” para la organización y moderación de este espacio de intercambio. En este DPP el sector público –MINAGRI– y el sector privado –Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG)– acordaron a partir de la fecha organizar y moderar el DPP alternadamente.
Lo más valioso del DPP es que existe una plataforma de diálogo entre el sector asegurador y el Estado. Ambos sectores se comunican de manera directa y conjuntamente impulsan cambios y trabajan en el desarrollo de un sistema de transferencia del riesgo y del mercado de seguros agrarios.
Se espera que el DPP se mantenga activo en los próximos años ya que responde a la recomendación 53.3. del “Plan de acción para la implementación de las recomendaciones de la evaluación de desempeño ambiental elaborada por OCDE-CEPAL”, que sugiere el fortalecimiento del Diálogo Público Privado para el mercado de seguros agrarios . El hecho de que este espacio sea muy valorado por los actores que lo integran y activamente organizado por el MINAGRI, la SBS y la APESEG, aumenta el grado de sostenibilidad del DPP.
Es altamente recomendable dar a conocer esta experiencia en otros países. En las visitas recibidas de expertos en seguros agrarios de instituciones públicas y privadas de España, Chile, Ecuador, Paraguay, Argentina, entre otros, se resaltó la importancia y utilidad de esta plataforma de diálogo. El Secretario general de la Asociación Latinoamericana para el desarrollo del Seguro Agropecuario (ALASA) señaló que la comunicación cara a cara entre el sector público y el privado es de alto valor, ya que facilita cualquier coordinación y en general el desarrollo relacionado al tema de seguros agrícolas.
El punto de giro consta en la creación de la Dirección de Financiamiento y Seguro Agrario (DIFESA) que se formaliza en marzo 2017. Su visión es ampliar el subsidio a los seguros agrícolas comerciales y desarrollar nuevos seguros: el ganadero y el forestal.
Con la creación y el funcionamiento de la DIFESA se ha logrado fortalecer la institucionalidad para la gestión de los seguros agropecuarios.
Además se aprobó y promulgó la Política Nacional Agraria (PNA) que tiene como meta el incremento sostenido de los ingresos, medios de vida y capacidades de los productores agrarios priorizando la agricultura familiar y promoviendo la inclusión económica y social. Particularmente el Lineamiento del Eje de Política 5 “Financiamiento y Seguro Agrario” menciona la importancia de fortalecer y expandir los mercados de crédito y aseguramiento agrario para pequeños y medianos agricultores a nivel nacional.
Para fortalecer la capacidad de gestionar los seguros agrarios subsidiados de la DIFESA, es necesario incrementar tanto los recursos humanos como financieros para esta dirección. Solo de esta forma la unidad gestora puede evolucionar y fortalecerse permanentemente. Para reforzar aún más la institucionalidad de la unidad gestora de los seguros agrarios (DIFESA), es recomendable crear una Ley de Seguro Agropecuario que englobe y ordene todas las propuestas normativas sobre los seguros agrarios existentes.
No existe una receta estándar de cómo se fortalece la institucionalidad del seguro agrario. Pero un factor elemental sin duda es contar con apoyo político del sector y un marco integral de gestión y transferencia del riesgo, con los seguros agrarios como un instrumento. Los clientes potenciales y grupos de usuarios tienen que comprender los riesgos asociados a fenómenos climáticos y las posibilidades de gestión y transferencia del riesgo. El sistema de seguros agrarios debe abarcar todo tipo de riesgos e instrumentos financieros que puedan ser ofrecidos a los productores. Construido por el sector privado y público en conjunto, fortalece la institucionalidad. Otro factor importante es que el seguro agrario forme parte de las políticas nacionales, con una hoja de ruta y un marco para los seguros agrarios. Las experiencias exitosas sirven como insumo para realizar proyectos parecidos que, una vez validados, se deben anclar institucionalmente.
