En los últimos veinticinco años se han desarrollado en el Perú distintas iniciativas, tanto públicas como privadas, para crear un mercado de seguros. En 1993 se realizaron primeros estudios para desarrollar un seguro agrario. Cuatro años más tarde, la primera póliza de seguro agrícola, una póliza multi-riesgo, fue comercializada por el sector privado. Sin embargo, la intensidad del Fenómeno del Niño de 1997-1998 así como coberturas inadecuadas hicieron fracasar este primer intento de seguro agrario. En el 2009 el Estado peruano asumió el rol promotor del mercado de seguros agrarios para lograr finalmente el diseño del Seguro Agrícola Catastrófico (SAC).
Hoy en día funcionan dos productos de seguros para el sector agrario: el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) que cobertura a micro y pequeños agricultores (agricultores de subsistencia) y el Seguro Agrícola Tradicional (SAT), dirigido a pequeños y medianos agricultores con producción comercial. A diciembre de 2017, el SAC cubría el 15.7% del área agrícola cultivada del Perú y el SAT el 0.5%. Existe por tanto una brecha grande entre superficie agrícola y agricultores asegurados ante eventos climáticos adversos.
En este contexto, el reto consta en adaptar los seguros agrarios a los requerimientos de los diferentes segmentos de productores. Además, tienen que ser más accesibles a la población, para lograr una mayor cobertura geográfica y un mayor número de asegurados
Las primas de los seguros agrícolas son altas comparado con seguros por ejemplo, contra incendios o terremotos. En el Perú, a la fecha, no existe un cofinanciamiento de la prima de seguros agrícolas para productores comerciales que haga más viable su adquisición. Sólo el Seguro Agrícola Catastrófico cuenta con un subsidio del 100% a cargo del Estado.
Para fortalecer el desarrollo de los seguros agrarios es necesario que los esfuerzos públicos y privados estén articulados y que exista un marco político y normativo
adecuado, que ponga en vigencia un sistema de transferencia del riesgo (STR) viable y sostenible.
En el 2015 se desarrolló un documento que define las pautas para la implementación de un sistema de transferencia del riesgo para el sector agrario en el Perú. Este documento considera importante la interacción entre entidades del sector público y privado y describe sus respectivas funciones dentro de la cadena de valor.
Además, incluye el desarrollo de condiciones del mercado que faciliten la diversificación de productos de seguros agrarios, para cubrir las diferentes necesidades de los distintos segmentos de agricultores.
Para el desarrollo de los seguros agrarios se necesita configurar un esquema de cooperación público – privada. En este, el aporte estatal de recursos tecnológicos, humanos y financieros juega un papel vital, tanto para la creación como para la operación de los seguros agrarios.
El Estado es el conductor y el responsable principal del sistema de transferencia del riesgo. Está integrado por varias entidades públicas:
En noviembre del 2016 el Ministerio de Agricultura y Riego retoma con fuerza el tema de seguros agrarios bajo el liderazgo del Viceministro de Políticas Agrarias, quien impulsa la creación de la Dirección de Financiamiento y Seguro Agrario (DIFESA) en marzo de 2017. Su visión era ampliar el aporte estatal (subsidio) a los seguros agrícolas para agricultores con producción comercial, así como desarrollar nuevos seguros como el ganadero y forestal.
A consecuencia del Fenómeno de El Niño Costero del 2017 se promulga el Decreto de Urgencia (D.U. 007 – 2017), que impulsa la ampliación de la cobertura geográfica del SAC y el aporte de 15 millones de soles para el subsidio de los seguros agrícolas para productores comerciales. Sin embargo, por cuestiones coyunturales de Agrobanco no se pudo utilizar este fondo para los seguros comerciales.
A partir del trabajo en conjunto entre el sector público y el privado, se logró mejorar la cobertura del SAC en las campañas 2017-18 y 2018-2019. Esto debido al incremento de superficie asegurada, una mejor focalización de los beneficiarios, un incremento del porcentaje de rendimiento asegurado, la reducción de la tasa de la prima, el incremento del monto de indemnización por hectárea y una mayor participación de compañías aseguradoras.
Además, se han elaborado modelos de pólizas estandarizadas (también llamados condicionados uniformes) para tener un marco para el subsidio a las primas del seguro agrícola catastrófico y los seguros agrícolas para productores comerciales (cultivos transitorios y permanentes) así como para los seguros forestales.
Se ha propuesto un esquema de cofinanciamiento para los seguros agrícolas para productores comerciales, con los siguientes criterios de focalización: vulnerabilidad climática (mapa de riesgos) y pobreza (mapa de pobreza monetaria).
En marzo 2017 se crea la Dirección de Financiamiento y Seguro Agrario (DIFESA) adscrita a la Dirección General Agrícola del MINAGRI, lo cual fortalece la institucionalidad para la gestión de los seguros agropecuarios.
Para que los avances alcanzados continúen a futuro y se logren más resultados, se requiere de continuidad y fortalecimiento de la política agraria del Estado. Se necesitan recursos humanos y financieros permanentes y suficientes para lograr la sostenibilidad del sistema de transferencia del riesgo, que se traduce en una mayor penetración de los seguros agropecuarios (incremento de la cobertura geográfica y del número de agricultores asegurados).
Asimismo, es necesario que paralelamente y de manera periódica se revise y mejore la normatividad respecto a los seguros agrarios. Esto promovería una mayor participación del sector privado. Finalmente, es de vital importancia que los actores involucrados tengan un buen entendimiento del funcionamiento y la utilidad de los seguros agrarios y trabajen conjuntamente en mejorarlos.
No existe una receta para construir un sistema de transferencia del riesgo exitoso que se pueda copiar en cada país. Es necesario desarrollarlo según la realidad y las condiciones de cada lugar. La experiencia indica que es esencial contar con una adecuada articulación público-privada, con participación de las aseguradoras. Además, se necesita de un aporte estatal (subsidio) eficiente para hacer los seguros agrarios más accesibles para los productores.
