Eduardo Morón
Presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros, APESEG
Hace un poco más de 30 años, mientras cursaba mi primer ciclo en el doctorado en UCLA; John Riley, el decano de la facultad de Economía y autor de uno de los libros más importantes sobre economía de la información y riesgos, interrumpió la clase después que la secretaria le avisara que su casa en Pacific Palisades estaba en riesgo de incendiarse. El profesor Riley, nos dijo que no nos preocupáramos que esto ya había pasado antes y que regresaría en unas horas. Así fue como me enteré que las casas que rodeaban la zona donde queda la universidad, estaban bajo un enorme riesgo de incendiarse debido a que se encuentran en las colinas de los bosques que circundan la parte norte de la ciudad de Los Ángeles.
Este año, después de un año extraordinariamente seco, los incendios vienen destruyendo un área semejante a todo el territorio de Uruguay. La cifra de daños materiales sobrepasa por ahora los 150 mil millones de dólares (de los cuales sólo 30 mil millones están asegurados) y es probable que superen ese monto cuando que se terminen de controlar los múltiples focos de los incendios y se determinen los daños totales.
Más allá de conocer a qué personalidad famosa se le quemó o no la casa, las noticias han mostrado que el problema no es sólo de las grandes mansiones de la costa de Malibú, sino que el fuego democráticamente ha arrasado con viviendas de familias de clase media que viven en la zona impactada. Una enorme cantidad de familias fueron informadas hace pocas semanas atrás que sus pólizas contra incendio (terremoto y demás daños de la naturaleza) no podrían ser renovadas porque el estado de California tomó la decisión de no permitir que las compañías de seguros actualicen el costo de estas pólizas cuando el costo del reaseguro así lo exija. Esta decisión populista que pretendía ignorar cómo funciona en cualquier parte del mundo el mercado de seguros, terminó con el peor resultado posible. Las familias que se quedaron sin renovar sus pólizas y, sólo tenían la opción de optar por un seguro creado por el Estado de California, FAIR mucho más caro que sus pólizas, o lo que ha sido peor, quedarse sin cobertura frente a este desastre.
El problema de fondo que quisiera traer a la discusión es un tema en el que insisto cada vez que se discute las muertes en accidentes de tránsito. El problema no está en pagar compensaciones cada vez más altas por cada persona fallecida en un accidente de tránsito. El verdadero problema que tenemos es que quisiéramos que la cifra de muertos sea lo más cercana a cero. Entonces, no sólo se trata de obligar a que todos los vehículos tengan seguro o en este caso a que todas las casas estén debidamente aseguradas. La solución pasa por reducir significativamente el riesgo. Eso implica que los parámetros de construcción deben ser más estrictos y debería ser obligatoria la protección automática contra fuegos de incendios forestales. No es lo mismo combatir el riesgo de incendio que se expande desde la casa del vecino, que el que llega del bosque colindante. Se requiere mucha prevención y generar espacios sin bosque y sin construcción que sirvan para evitar la propagación de incendios forestales. Y un detalle que no es menor se requiere flexibilizar la norma que hacía demasiado complejo poder retirar los árboles muertos que han sido combustible para este fuego. Cuando las normas ambientales que protegen ecosistemas se olvidan de proteger a las personas claramente deben ser revisadas.
El sector asegurador cumple un doble rol: por un lado, protege financieramente a las familias, pero el rol más importante -aunque silencioso y a veces invisible- es ayudar a identificar y mitigar los riesgos. Insisto, el objetivo es tener menos siniestros, menos incendios forestales y ninguna víctima mortal.
Fuente: Diario Gestión
