La SUNAT no los recauda, pero nos cuestan y mucho. Ni el Congreso ni el Ejecutivo los decretaron, pero su inacción los convierte en una carga aún más pesada que cualquier tributo formal. Son impuestos silenciosos que nos obligan a modificar nuestro comportamiento y como suele ocurrir a algunos les golpea mucho más que a otros.
Para empezar, me refiero al impuesto que significa la falta de seguridad que enfrentan los ciudadanos, el mismo que se ha convertido en un costo permanente para los peruanos. Usar el transporte público tiene el riesgo agravado de quedar en medio de una balacera. Quien abre una bodega o maneja un taxi puede ser obligado a realizar un “pago” para operar. Pago que es a cambio de ninguna seguridad, ni derecho a reclamo y siempre con la posibilidad abierta de que sean más de uno los que quieran extorsionarte.
Las consecuencias de este “impuesto” es que quienes lo sufren empiezan a dudar si vale la pena mantener abiertos sus negocios, ya que el costo de ese “impuesto” no necesariamente se puede transferir a otros. Pensemos en una bodega que no puede subir sus precios por el temor que sus clientes prefieran ir a un supermercado que no es sujeto de esas extorsiones.
Un segundo impuesto que está mucho más presente en las ciudades es el tiempo que los ciudadanos toman para trasladarse. Ese impuesto evidentemente golpea mucho más a quienes viajan en transporte público. Esas horas en tránsito son de nula productividad, no le producen ingresos al trabajador, que restan horas de descanso y que deterioran la salud física y mental
El tercer impuesto es la promesa vacía de una salud pública gratuita. Si las personas que deberían recibir medicamentos gratis deben usar sus escasos recursos para pagarlos en una farmacia están pagando un impuesto que no les corresponde pagar. Si ese asegurado de EsSalud tiene que pagar de su bolsillo para ser operado, o hacerse un examen porque el tomógrafo del hospital está malogrado, entonces es como si estuviera pagando un impuesto oculto.
En conclusión, esa suma de impuestos deteriora la capacidad de consumo, de inversión, de progreso, sobre todo de las familias de menores ingresos. Los candidatos deberían tener estos temas en la mira si realmente quieren devolver esperanza de progreso para los peruanos.
